"Lo que buscamos es justicia, la verdad y que en este país ya no se cometen crímenes de lesa humanidad" manifestaron las organizaciones de derechos humanos que integran la CSCPI. De Izq. a Der. Miguel Montenegro de CDHES, Wilfredo Medrano de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, e Ima Guirola de CEMUJER.

La Coalición Salvadoreña para la Corte Penal Internacional, CSCPI, solicita públicamente al señor Presidente de la República, Sr. Mauricio Funes, que impulse la adhesión del Estado Salvadoreño al Estatuto de Roma, instrumento fundacional de la Corte Penal Internacional, CPI, como una forma de dar cumplimiento a la plataforma reivindicativa de derechos humanos, establecida en su programa de gobierno y así evitar futuros actos de crímenes de Lesa humanidad en El Salvador.

Sabemos que El Salvador no es el único país que ha presentado objeciones para no unirse, ya que existen una serie de confusiones sobre el papel del CPI,  pero principalmente falta voluntad política para ratificar un instrumento legal que impida futuras violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La CPI es la primera Corte permanente, independiente, con la capacidad de investigar y llevar ante la justicia a quienes cometan las violaciones más graves en contra de la humanidad. Esta instancia únicamente tiene competencia sobre   crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad,  genocidio, y, una vez definido, sobre el crimen de agresión.

	La ratificación del Estatuto de Roma evitaría golpes de estado como el sucedido en Honduras y los funcinarios públicos "golpistas" tendrán que ser enjuiciados, expusieron los representantes de la CSCPI.

La CPI solo puede conocer de hechos a partir del 1 de julio de 2002  según su Art. 11. por lo que deja fuera la posibilidad de enjuiciar casos como la masacre de El Mozote, El Sumpul, el asesinato de los sacerdotes Jesuitas y Monseñor Oscar Romero, etc. Por lo tanto, bota ese pretexto de los anteriores gobiernos de que podría romper la paz brindada por la Amnistía que dejó sin castigo a los culpables de crímenes durante la guerra civil.

Otro pretexto expuesto por los anteriores gobiernos son la  existencia de disposiciones de tipo constitucional que impedirían que el país se una a la Corte; entre ellas  la  improcedencia del cargo oficial (Art. 27 del Estatuto), la posibilidad de imponer  penas perpetuas (Art. 77), el tema de las diferencias entre las figuras de  extradición y entrega, y el principio de ne bis in idem como obstáculos.

No obstante, las leyes salvadoreñas no son congruentes con esa posición, ya que recientemente se aprobó castigar hasta con 75 años de cárcel a los que cometan determinados delitos, ¿y eso no es cadena perpetúa?

La CPI no busca reemplazar a las Cortes nacionales. Las Cortes nacionales continuarán teniendo prioridad en la investigación y el procesamiento de crímenes dentro de su jurisdicción. De acuerdo con el principio de complementariedad, la CPI actuará solamente cuando las Cortes nacionales sean incapaces o no estén dispuestas a ejercer su jurisdicción.

Asimismo, El Salvador aprobó una Ley de extradición y un salvadoreño acusado de cometer delito en los Estados Unidos fue extraditado hacia dicha nación. Los pretextos se han terminado, lo que falta es voluntad política.

Por lo tanto, las organizaciones que conformamos la Coalición Salvadoreña por la Corte Penal Internacional, demandamos:

•  Al Estado Salvadoreño, adherirse al Estatuto de Roma, Instrumento Fundacional de la CPI Corte Penal Internacional, como una forma de dar cumplimiento a la plataforma reivindicativa de Derechos Humanos, establecida en el programa de Gobierno de la Administración del Presidente Mauricio Funes.

•  Promover y difundir los alcances y limitaciones del Estatuto de Roma con el fin de evitar distorsiones en cuanto a la aplicación del instrumento en aquellos casos que competen a la corte: Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra, y otras Agresiones.

•  La CSPI hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a exigir la ratificación del Estatuto de Roma del que ya son parte 108 países, los cuales han tenido que superar los mismos problemas constitucionales dentro del marco legal, mismos problemas que afronta nuestro sistema.

•  Como pueblo civilizado no queremos repetir los mismos errores del pasado, El Salvador, debe convertirse en estado parte de la Corte Penal Internacional, para que su participación sea activa y propositiva en la conferencia de revisión del Estatuto de Roma en Junio del año 2010.

Instituciones miembros de CSCPI:

•  Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, “Mons. Oscar Romero”, CO-MADRES.

•  Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, Padre Octavio y Hna. Silvia”, COMAFAC.

•  Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, CDHES.

•  Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.

•  Centro para la promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”

•  Fundación de estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.

•  Instituto de Estudios de la Mujer, CEMUJER.