El Director de la CDHES, Miguel Montenegro, pidio al gobierno y Asamblea Legislativa declarar la derogación de la ley de Amnistía para poder llegar a la verdad, la justicia y la verdadera reconciliación en la sociedad salvadoreña.

Este 16 de Enero celebramos un año más de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, el documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales: modificación de la Fuerza Armada, disolución de los cuerpos de seguridad pública como Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional para crear una Policía Nacional Civil, PNC, modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social.

A 18 años de su firma, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, expone a la comunidad nacional e internacional el balance de la situación de los derechos humanos en el país:

Uno de los vacíos significativos en materia de derechos humanos, señalados en cada conmemoración de esta fecha es la omisión de recomendaciones de informes tan importantes como el de la Comisión de la Verdad , el Grupo AD Hoc y el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política.

La Ley de Amnistía.

La falta de voluntad ha provocado que se siga revictimizando a las personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos , se ha ido creando una barrera que fomenta la impunidad, como la ley de amnistía decretada por la Asamblea Legislativa en 1993, la cual constituye uno de los principales obstáculos para superar este problema.

Una ley inconstitucional, según el art. Artículo 244 de la Constitución salvadoreña afirma que no puede ser amnistiado ningún funcionario de gobierno por delitos cometidos durante el período del Presidente al que sirvieron. Si tenemos en cuenta que todos los militares con grado de coronel son funcionarios del gobierno, y no nos limitemos a las expresiones literales de nuestra constitución sino aquellas tacitas que contemplan los principios de seguridad jurídica, el régimen de garantías y sobre todo el principio de dignidad humana que rige el espíritu de nuestra constitución; la violación al derecho a la integridad física y psicológica y al de reparación. Por lo tanto, esa ley es inconstitucional.

Asimismo, tras la finalización del conflicto fue señalada la importancia de reparar a las víctimas para superar las secuelas de más de 12 años de guerra, los horrores de las miles de personas desaparecidas, torturadas y asesinadas, de la falta de información para esclarecer hechos así como la falta de justicia para quienes fueron los responsables directos de estos hechos, quienes han sido reconocidos y señalados en los mismos informes, sin importar al bando que pertenecieron .

La verdad, la justicia y la reparación son elementos importantes para lograr una verdadera reconciliación y paz en nuestro país. In vestigar los casos pendientes, enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, también va dirigido a prevenir la consecución de nuevas violaciones.

Un proceso de búsqueda de la verdad, en el que exista una participación colectiva para reconstruir nuestra memoria histórica, con una participación directa del Estado retomando su obligación de reconocer públicamente los hechos y sus responsabilidades en las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.

Todo esto llevaría a generar un proceso de reparación que se fortalezca en la creación de políticas de reparación, que conlleve el involucramiento de las víctimas directamente, la cual debe incluir la restitución, rehabilitación, indemnización, medida de satisfacción y la garantía de no repetición.

Por ello, sostenemos que la Ley de Amnistía continua siendo un tema tabú dentro de las autoridades gubernamentales, a pesar de la presión que ejercen los organismo no gubernamentales locales y de las recomendaciones de los observadores de ONU (Organización de las Naciones Unidas) a sí como las resoluciones de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ubicada en Washington, quienes en el caso tipo de Lucio Parada Cea y el caso Las Hojas , promovido por la CDHES, han recomendado al Estado salvadoreño la derogación de la Ley de Amnistía por considerarla atentatoria a la dignidad de las víctimas; ya que estos casos pueden ser investigados y resueltos por el sistema jurídico salvadoreño; sin embargo el Estado sigue negando la posibilidad para la derogación de dicha ley por considerarla necesaria para la estabilidad nacional, una la ley que nos llama a perdonar y olvidar, pero a quién perdonamos y a quién olvidamos y ¿por qué crimen?

La Policía Nacional Civil, PNC.

La CDHES solicitó una verdadera depuración en la PNC y reformas constitucionales para que las resoluciones emitidas por la PDDH sean de caracter vinculante en cuanto a la obligatoriedad en procesos judiciales como obligar al Estado ha acatar las resoluciones de esa institución y darle cumplimiento. De izq. a Der. Brenda Rodríguez, Coordinadora del Area Jurídica y la Sub Director de la CDHES, Ana Julia Escalante,

Pese ha ser un cuerpo de seguridad cuyo objetivo se definía según su ley orgánica como el de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase delitos, etc. Nos encontramos con una Policía con algunos casos de uso excesivo de la fuerza, cuyo prestigio ha sido desacreditado por algunos miembros vinculados al crimen organizado, a la corrupción, aunada a una Academia Nacional de Seguridad Pública que no ha fortalecido su plan formación con una adecuada educación en derechos humanos aún, esto sin mencionar la débil unidad de derechos humanos con la que cuenta la misma PNC cuyo personal ha sido reducido y hasta en cierta medida marginado de la operativización de la institución.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.

Contamos con un ente que ha tenido gran protagonismo a favor de la población más vulnerable y en la mediación, señalamientos contra las autoridades gubernamentales con gran imparcialidad, pero debemos tener en cuenta que el escenario contextual a cambiado, las violaciones a derechos civiles y políticos van disminuyendo frente a las violaciones de los derechos DESCA, (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) que sufren sectores de la población. Las violaciones ejercidas por un sector comercial voraz y trasnacional, y un Estado con inoperantes estructuras y un frágil Sistema Judicial, que requiere de una PDDH cuyas resoluciones sean vinculantes frente a un proceso judicial y no solo de índole moral y señalamiento público.

Sabemos, que si bien existe un motivo para celebrar, también existen motivos para superar y continuar en la concreción de estos acuerdos que marcaron un cambio en nuestro país, al nuevo gobierno y a todos los sectores de la sociedad, los exhortamos a crear los mecanismos necesarios para trabajar en forma conjunta por el cumplimiento de cada uno de los Acuerdos de Paz.